Resolución aprobada por la V Asamblea de
IU en diciembre de 1997.
Visto
Que la V Asamblea Federal de Izquierda Unida expresa su apoyo a las negociaciones de paz cuyas bases se están negociando actualmente, en la República de Colombia, y ante la grave situación humanitaria que vive ese país quiere dejar clara la necesidad que prevalezca el respeto a los derechos humanos en este país:
Visto
Que la V Asamblea Federal de Izquierda Unida expresa su apoyo a las negociaciones de paz cuyas bases se están negociando actualmente, en la República de Colombia, y ante la grave situación humanitaria que vive ese país quiere dejar clara la necesidad que prevalezca el respeto a los derechos humanos en este país:
Que en la actualidad Colombia se haya de hecho en una situación
de conflicto civil generalizado a la vez que este país se ha situado a la
cabeza de los Estados violadores de los Derecho Humanos. Persiste cada día con
mas fuerza un conflicto que se arrastra desde hace ya mas de 40 años alcanzando
cada día cotas mas altas de violencia contra la población civil, violencia
dirigida desde las estructuras del Estado amparada por la absoluta impunidad
con que actúan grupos militares y paramilitares.
Que únicamente en el pasado mes de Noviembre de 1.997 se
han producido seis matanzas de población civil, que han arrojado un saldo de
mas de 120 muertos, en su mayoría campesinos, mujeres y niños. Estas matanzas,
perpetradas todas ellas por las organizaciones paramilitares que en número de
600 se aglutinan bajo la cobertura legal de las Cooperativas de Seguridad
"Convivir", quedan irremediablemente en las mas absoluta impunidad a
pesar de cometerse siempre en zonas de presencia del Ejército y la Policía
Colombiana, instituciones estas que irremediablemente dejan "escapar"
a los perpetradores de estas brutales masacres.
Que con motivo de la presentación del Informe sobre la
situación de los Derechos Humanos que anualmente realiza la Comisión Andina de
Juristas, tanto esta organización como las mas reconocidas instituciones de defensa
de los Derechos Humanos colombianas han expresado su inmenso desaliento ante el
futuro del país, fundamentalmente por la absoluta falta de respeto a los
Derechos Humanos. Estos organismos han venido denunciando sistemáticamente el
incontenible avance paramilitar sin que el Gobierno haga nada por evitarlo, así
como la polarización en que se ha sumido el país, de manera que cualquiera que
alze su voz en defensa del Estado de Derecho o de los Derechos Humanos
automáticamente es situado en el bando de las organizaciones guerrilleras y
como tal se convierte en objetivo militar a batir por el estado o los
paramilitares. Igualmente la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las
NN.UU. para los Derechos Humanos, dirigida ejemplarmente por la Diplomática española
Doña Almudena Mazarrasa, ha venido alzando su voz contra esta deleznable
situación y conminando al Gobierno Colombiano a que obligue a las fuerzas de
seguridad a respetar los Derechos Humanos, así como solicitando a este último y
a la Comunidad Internacional la ilegalización inmediata de los paramilitares de
"Convivir".
Que lejos de ello, las "Convivir", creadas por
Decreto Presidencial 356/97, han sido recientemente legalizadas definitivamente
por la Corte Constitucional Colombiana durante el pasado mes de Noviembre de
1.997. Esto supone la institucionalización y oficialización del crimen de
estado y de la impunidad, algo sin precedentes en ningún país que pretenda
considerarse democrático. A la vez, prosigue el Genocidio contra las
organizaciones populares, sindicales y de izquierdas.
Que según el Informe Anual sobre Derechos Humanos del Departamento de Estado de los EE.UU.: "El partido de coalición de izquierdas conocido como Unión Patriótica (U.P.) continuó siendo blanco de asesinatos políticos. Ya ha perdido aproximadamente 3.500 miembros dentro de lo que se percibe como una campaña de asesinatos planeada para acabar con toda su dirigencia. Solo en el Departamento del Meta fueron reportados 600 asesinatos de miembros de la U.P. desde que se inició la campaña de exterminio, incluyendo al Director del Comité del Meta para los Derechos Humanos, Josué Giraldo, asesinado en Octubre de 1.996. En Mayo de 1.996, la Presidenta nacional de la U.P. y concejal por Bogotá Aida Abella (quien asiste a esta V Asamblea Federal de I.U. en nombre de la U.P.), escapo ilesa a un atentado perpetrado a la luz del día en el centro de Bogotá."
Que según el mencionado informe, el anterior panorama se
completa con Desapariciones de opositores y activistas sociales y de los Derechos
Humanos; práctica generalizada de Torturas y malos tratos; detenciones
arbitrarias; desplazamiento de población civil refugiada en número de mas de
80.000 personas; negación de garantías judiciales a la población, con una
impunidad de causa judiciales que alcanza el 90% anual; interferencia
arbitraria en la privacidad y la correspondencia; uso de fuerza excesiva y
violaciones si temáticas de la ley humanitaria aplicable en los conflictos
internos por parte del estado; así como violación generalizada de los derechos
civiles y políticos de la población.
Ante esta situación de horror indescriptible los demócratas y las gentes de izquierda no podemos guardar silencio. Izquierda Unida expresa su absoluta solidaridad con el pueblo colombiano y con las organizaciones políticas, sindicales, sociales y de defensa de los Derechos Humanos que trabajan diariamente porque la Democracia y el respeto a la vida no sean meras ilusiones en Colombia. Hacemos un llamamiento a todas las fuerzas políticas y sociales democráticas para que alcen su voz contribuyendo a la denuncia del genocidio colombiano, exigiendo el fin de las masacres y la impunidad y conminando a las partes en Conflicto a buscar una salida negociada a sus problemas desde el escrupuloso respeto al estado de Derecho, la democracia y los Derechos Humanos.
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