1) Según documentos de Human Rights Wacht, prestigioso
organismos norteamericano de derechos humanos, el paramilitarismo en Colombia
esta planificado y organizado por el propio estado a través de sus fuerzas
armadas.
2) El grado de impunidad alcanzado en los procesos
judiciales por crímenes contra el derecho humanitario o la legislación de
derechos humanos supera el 97 por ciento, según estadísticas del gobierno
colombiano.
3) Las cooperativas Convivir creadas por Decreto
Presidencial 356/97, han sido legalizadas parcialmente durante el mes de
noviembre de 1997 por la Corte Constitucional Colombiana. Lo han sido a pesar
del dictamen en contra del Comité de Derechos Humanos de la ONU, de la Comisión
de Derechos Humanos de la OEA y la opinión de todos los organismos de derechos
humanos internacionales y colombianos. Ante esto cabe declarar que el estado y
el gobierno de Colombia están sobrepujando el estado de derecho para mantener
la impunidad de los paramilitares.
4) La república de Colombia vive una guerra civil que
dura más de 40 años. Existen territorios donde el poder estatal no esta
representado desde hace más de 35 años. Según los propios datos del gobierno de
Colombia el control efectivo del territorio no supera el 40 por ciento del
mismo y esta limitado a las zonas cordilleranas altas. Por lo tanto debe
reconocerse esta realidad en cualquier proceso de negociación, de la misma
manera que el derecho de los beligerantes en un conflicto de esta naturaleza
esta contemplado por el derecho Internacional Humanitario, y obliga tanto al
gobierno de Colombia como a los beligerantes no reconocidos por el Estado
colombiano.
5) Las negociaciones de paz deben lograr sentar a la mesa
de negociación a todas las partes beligerantes, pero en ningún caso se debe
permitir la legitimación de grupos paramilitares que están organizados por los
terratenientes y los narcotraficantes y que actúan sobre la base del exterminio
sistemático de la población civil.
6) La negociación previa debe garantizar A) la no
implementación de normas que favorezcan la impunidad de los delitos
considerados crímenes graves contra la humanidad que se quieran establecer como
continuidad del propio proceso de paz y que intenten legitimar la propia
violación de la actual constitución colombiana y de las normas internacionales
de derechos humanos y/o del derecho internacional humanitario. B) la no
aceptación de la contrarreforma agraria obtenida por los narcotraficantes en
base a la expoliación pura y simple de los pequeños campesinos. Debe
garantizarse el derecho a la propiedad de la tierra de todos los desplazados y
anular todas las compraventas realizadas bajo presión. De la misma forma se
debe impugnar preventivamente todas las compras de tierras que han constituido
nuevos latifundios e investigar el origen de los fondos utilizados para su
compra de acuerdo a las normas de control del crimen organizado, procediéndose
a la expropiación de acuerdo a dichas normas.
En ningún caso los países garantes deben permitir que la
negociación se convierta en una legitimación del narcotráfico, de la
expropiación forzosa y de la legitimación de la contrarreforma agraria. Todos
estos hechos han sido analizados incluso por los informes del Departamento de
Estado norteamericano y reconocidos por todos los organismos internacionales
que han estudiado la situación colombiana, sin excepciones de ninguna
naturaleza.
6) Hacemos un llamado a los gobiernos europeos y al
propia UE para que se comprometa activamente y continúe los esfuerzo que están
llevando adelante algunos países nórdicos y Suiza para favorecer las
negociaciones.
7) Como fuerza política española comprometeremos nuestros
esfuerzos, como hasta la fecha, en la consecución de los objetivos humanitarios
y de respeto a los derechos humanos en los que estamos comprometidos
actualmente y exigimos que el gobierno español tenga una actitud transparente,
efectiva y eficaz tanto en la protección de los refugiados, desplazados y
exiliados como en el apoyo a todas las partes en la consecución de la paz.
8) Apoyamos expresamente el procedimiento que por
genocidio lleva adelante el Comité de Derechos Humanos de la OEA en nombre de
los más de 5000 asesinados de la Unión Patriótica, asimismo apoyamos a todos
los defensores de derechos humanos que actualmente son blanco de las fuerzas
paramilitares y queremos recordar como ejemplo de todos ellos al compañero
Josué Giraldo el cual recibió el reconocimiento expreso del Parlamento Europeo
como ejemplo de defensor de los derechos humanos.
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